Por Plataforma Agraria/Aporrea.org
Tegucigalpa,
Viernes 03 Marzo 2017: Las
organizaciones de la Plataforma Agraria se suman a la exigencia de justicia por
el vil asesinato de la líder indígena Berta Cáceres Flores, que tuvo lugar en
su casa de habitación en la Esperanza, departamento de Intibucá, el 2 de marzo
del año anterior, justo una semana después de que denunciara ante los medios de
comunicación el asesinato de cuatro líderes comunitarios.
Berta
nació en la Esperanza a inicio 1970, su participación en la defensa del medio
ambiente inicio en 1993 cuando se fundó el Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), para lucha en contra de los
proyectos mineros e hidroeléctricos en territorios lencas, dentro de su
actividad destaco su mediática participación en contra de la privatización y
concesionamiento de los ríos y los proyectos de represas hidroeléctricas de
privatización. Concretamente apunto su lucha contra la represa hidroeléctrica
de Agua Zarca, en el Rio Gualcarque en Santa Bárbara, cuya construcción afecta
gravemente a las comunidades indígenas.
El
asesinato de Berta es producto de la conflictividad y el rompimiento del tejido
social provocado por las empresas extractivas instaladas en las diversas
comunidades del país, bajo condiciones de irregularidad e ilegalidad en los
procedimientos de otorgamiento de contrata de aguas, licencias ambientales,
permisos de construcción y operación, entre otros, en los cuales juega un papel
permisivo y cómplice la institucionalidad hondureña coludida a los intereses de
la clase económica.
Mientras
el Estado hondureño criminalizo, encarcelo y se acusó a Berta Cáceres, su lucha
fue reconocida en el año 2015 con el Premio Medioambiental Goldman, un galardón
denominado el "Nobel Verde" que se concede anualmente como recompensa
a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, el máximo reconocimiento
mundial para este tipo de defensores.
A
un año de su asesinato, han sido detenidos ocho implicados que permanecen a la
espera del juicio. Su nombres Douglas Geovanny Bustillo: teniente retirado,
trabajó en la Seguridad de DESA; Mariano Díaz Chávez: Instructor de la Policía
Militar del Orden Público y Mayor activo de las Fuerzas Armadas quien fue dado
de baja deshonrosa a partir del 10 de junio de 2016; Edilson Atilio Duarte
Meza: Capitán retirado del Ejército; Sergio Ramón Rodríguez: Gerente Social,
Ambiental y de Comunicaciones de la Empresa DESA; Elvin Heriberto Rápalo
Orellana; Emerson Eusebio Duarte; Henry Javier Hernández Rodríguez: ex militar;
Oscar Arnoldo Torres Velásquez, con la clara participación del ejército
hondureño y la empresa DESA.
Sabemos
que además de denunciar y cuestionar el papel del sistema de justicia en el
manejo del proceso judicial, debe también investigarse la responsabilidad del
Estado en el asesinato de Berta ya que, a pesar de ser beneficiaria de medidas
cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
nunca se dio una implementación eficaz por parte del Estado para salvaguardar
su vida, más bien fue actor principal en los cuatro procesos judiciales
ejecutados en contra de Cáceres, por constante labor en la defensoría de los
bienes comunes y derechos humanos del pueblo lenca y del pueblo hondureño en
general.
El
artículo publicado por el New York Times en septiembre del 2016, se lee que la
eliminación física de defensores del ambiente en América Latina está llegando a
límites insospechados: "Una cifra que la organización enmarca en otra
cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015, según datos de la
organización ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de líderes
ambientales registrados a nivel global; 122 ocurrieron en América Latina".
El mapa editado por la ONG Global Witness arroja las siguientes cifras para el
único período 2010-2015: Brasil con 207 muertes, Honduras con 109, seguido por
Colombia con 105, Perú (50), México (33), Nicaragua (15), Paraguay (13) y
Argentina con 6 activistas asesinados.
Finalmente
desde nuestras organizaciones exigimos justicia para Berta y demás campesinos y
líderes de los pueblos originarios que han sido asesinados por defender los
medios comunes de la patria honduras, por lo que demandamos castigo para los
actores intelectuales de los asesinatos, y ante información que circula en
diarios internacionales sobre posibles vínculos entre los actores materiales
del crimen de Berta Cáceres y las fuerzas especiales del ejército nacional que
han sido apoyadas con fondos del Gobierno de Estados Unidos, llamamos a la
Embajada de este país realice una investigación exhaustiva para explicar la
veracidad de estos hechos y sus posibles consecuencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario