domingo, 10 de septiembre de 2017

Cuando defender la tierra es delito

Ofraneh alerta sobre ofensiva persecutoria

Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), denunció la persecución de la cual está siendo víctima por parte del aparato estatal y de empresarios privados, que estarían usando artimañas para seguir apropiándose de tierras comunitarias garífunas. La criminalización de la lucha social y sus nuevas estrategias y rostros.

Este martes 5 de septiembre -explica Miranda en un comunicado- se apersonaron en la sede de Ofraneh, situada en la comunidad de Sambo Creek, dos efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los funcionarios pretendían entregarle un citatorio para informarle que está siendo requerida para notificarse ante autoridades judiciales.

Al no encontrarla, los efectivos policiales amenazaron con buscarla y detenerla.

Recientemente, el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación CARIVIDA S.A. de R.L, ha denunciado por difamación y calumnias a la lideresa garífuna y a otras tres activistas de la comunidad de Guadalupe, municipio de Santa Fe, Trujillo.

Miembros de la comunidad  han venido denunciando la compraventa ilegal de tierras comunitarias garífunas, que involucraría a autoridades locales y a empresarios turísticos canadienses, entre ellos Forseth y Randy Jorgensen, este último Ceo de Life Vision Developments.

En particular, un nutrido grupo de jóvenes de Guadalupe decidieron recuperar un terreno que la comunidad había destinado a un proyecto ecoturístico comunitario, y que en 2012 fue inexplicablemente vendido a CARIVIDA.

La recuperación del terreno llevó a los jóvenes a enfrentar demandas judiciales y, en el caso de Medalime David, hasta la prisión [1].


Libertad de expresión en peligro. Los quieren callar

En julio pasado, siempre en Trujillo, Conatel declaró en rebeldía a Radio Waruguma, una de las radios comunitarias de la Ofraneh, amenazando con clausurarla.

La organización garífuna asegura que ese y otros tantos ataques contra sus radios representan una violación abierta al derecho a la libertad de expresión que tienen los pueblos indígenas.

Este derecho está plasmado tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT.

La denuncia de todo lo que está aconteciendo en la Bahía de Trujillo ha desencadenado una persecución contra la Ofraneh, sus dirigentes y miembros, asegura la organización hondureña [2].

“Yo no he cometido ningún delito. Sólo defendemos los derechos humanos del pueblo garífuna, de los demás pueblos indígenas y del pueblo hondureño en general”, afirma Miriam Miranda en el comunicado.

“Randy Jorgensen, Patrick Forseth y Conatel se han dado a la tarea de denunciarme y el Estado de judicializarme”, asegura la lideresa garífuna.

Para ella, la persecución está siendo legitimada y apoyada por el actual gobierno “que pretende detener la lucha del pueblo garífuna en defensa de sus derechos históricos, territoriales y culturales”.


“No me queda más que responsabilizar al gobierno de Juan Orlando Hernández por cualquier atentado contra mi persona e integrantes de la Ofraneh”, concluye el comunicado.


Giorgio Trucchi

https://www.alainet.org/es/articulo/187920

martes, 8 de agosto de 2017

¿Y Honduras?

La mirada del mendigo | 07/08/2017
Estoy de Venezuela hasta la arcada. La relevancia en la prensa patria es superior a la que tienen algunas comunidades autónomas. De hecho, si no fuera por los incendios se diría que Galicia por fin se ha independizado, mientras que Venezuela sigue siendo territorio de la Corona.
Mientras las noticias en Venezuela copan la sección internacional de la prensa del régimen (lo de PRISA ya es obsesión), en el resto del mundo siguen pasando cosas.
Por ejemplo, un país en el que las oligarquías están desarrollando un programa de asesinatos sistemáticos de opositores: políticos, periodistas, sindicalistas… todo lo que no se somete a su dictadura capitalista está en el punto de mira. También los activistas medioambientales (no, el caso de Berta no fue un hecho aislado). No, no hablo necesariamente de Colombia. Quería comentar este mapa y que localicéis Honduras: 

Aproximadamente la mitad de asesinatos de ecologistas que Brasil, uno de los focos calientes de enfrentamiento entre los intereses económicos y ecológicos con la Amazonía como tablero de juego. Pero es que Brasil tiene una población 23 veces superior.
Es nauseabunda la comparación entre el tratamiento que la prensa patria da a esos dos países latinoamericanos, la sobreexposición de Venezuela y el silencio cómplice de lo que está sucediendo en Honduras (o Colombia, o Perú, o Guatemala… es notorio cómo los gobiernos próximos al capitalismo global reciben un tratamiento informativo amistoso). El País & co. hacen activismo periodístico de clase en pro de sus propietarios, alineando el tratamiento de la información con los intereses de sus accionistas. Sólo por eso consienten en seguir sosteniendo un medio que pierde dinero ejercicio tras ejercicio desde hace lustros.

A todo cerdo le llega su San Martín.
Fuente: Iniciativa Debate

sábado, 29 de julio de 2017

Boaventura de Sousa Santos: En defensa de Venezuela

Boaventura de Sousa Santos|
Venezuela  vive  uno  de  los  momentos más  críticos  de  su  historia. Acompaño crítica y solidariamente la Revolución bolivariana desde el inicio. Las conquistas sociales de las últimas dos décadas son indiscutibles. Para comprobarlo  basta  consultar  el informe de  la  ONU  de  2016  sobre la evolución del índice de desarrollo humano.
Dice este informe: “El índice de desarrollo humano (IDH) de Venezuela en 2015 fue de 0.767 –lo que colocó al  país en la  categoría  de  alto  desarrollo  humano–, posicionándolo en  el puesto 71º de entre 188 países y territorios. Tal clasificación es compartida con Turquía. De 1990 a 2015, el IDH de Venezuela aumentó de 0.634 a 0.767, un aumento de 20,9 %. Entre 1990 y 2015, la esperanza de vida al nacer aumentó a 4,6 años, el período medio de escolaridad ascendió a 4,8 años  y  los  años  de  escolaridad  media general  aumentaron  3,8  años.
El rendimiento nacional bruto (RNB) per cápita aumentó cerca de 5,4% entre 1990  y  2015”.  Se  hace  notar  que  estos  progresos  fueron  obtenidos  en democracia, solo momentáneamente interrumpida por la tentativa de golpe de Estado en 2002 protagonizada por la oposición con el apoyo activo de Estados Unidos. 
La muerte prematura de Hugo Chávez en 2013 y la caída del precio de petróleo  en  2014  causaron  una  conmoción profunda  en  los  procesos  de transformación social entonces en curso. El liderazgo carismático de Chávez no tenía sucesor, la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones siguientes fue por escaso margen, el nuevo presidente no estaba preparado para tan complejas tareas de gobierno y la oposición (internamente muy dividida) sintió que su momento había llegado, en lo que fue, una vez más, apoyada por  Estados  Unidos,  sobre  todo  cuando en  2015  y  de  nuevo  en  2017  el presidente Obama consideró a Venezuela como una “amenaza a la seguridad
nacional de Estados Unidos”, una declaración que mucha gente consideró exagerada, si no mismo ridícula, pero que, como explico más adelante, tenía toda lógica (desde el punto de vista de Estados Unidos, claro).
La situación se fue deteriorando hasta que, en diciembre de 2015, la oposición conquistó la  mayoría  en  la  Asamblea  Nacional.  El  Tribunal  Supremo  de  Justicia suspendió  a cuatro  diputados  por  alegado  fraude  electoral,  la Asamblea Nacional  desobedeció,  y  a  partir  de  ahí  la confrontación  institucional  se agravó  y  fue progresivamente  propagándose  en  las  calles,  alimentada también por la grave crisis económica y de abastecimiento que entretanto explotó. Más de cien muertos, una situación caótica.
Mientras, el presidente Maduro tomó la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente (AC) a ser elegida el día 30 de julio y Estados Unidos amenaza con más sanciones si las elecciones se producen. Es sabido que esta iniciativa busca superar la obstrucción de la Asamblea Nacional dominada por la oposición.
El pasado 26 de mayo suscribí un manifiesto elaborado por intelectuales y  políticos  venezolanos  de  varias tendencias políticas,  apelando  a  los partidos y grupos sociales en conflicto a parar la violencia en las calles e iniciar un debate que permitiese una salida no violenta, democrática y sin la injerencia de  Estados Unidos. Decidí entonces no volver a pronunciarme sobre la crisis venezolana.
¿Por qué lo hago hoy? Porque estoy alarmado con la parcialidad de la comunicación social europea, incluyendo la portuguesa, sobre la crisis de Venezuela, una distorsión que recorre todos los medios para demonizar  un  gobierno legítimamente  electo,  atizar  el  incendio  social  y político y  legitimar  una  intervención  extranjera  de consecuencias incalculables.
La  prensa  española  llega  al  punto  de  embarcarse  en la posverdad,  difundiendo  noticias  falsas  sobre  la  posición del  gobierno portugués. Me pronuncio animado por el buen sentido y equilibrio que el ministro  de  Asuntos  Exteriores portugués,  Augusto  Santos  Silva,  ha mostrado sobre este tema. La historia reciente nos muestra que las sanciones económicas afectan más a ciudadanos inocentes que a los gobiernos.
Basta recordar los más de 500 mil niños que, según el informe de Naciones Unidas de  1995,  murieron  en  Irak  como  resultado  de  las  sanciones  impuestas después  de la  guerra  del  Golfo  Pérsico.  Recordemos  también  que en Venezuela  vive  medio  millón  de  portugueses  o lusodescendientes.  La historia reciente también nos enseña que ninguna democracia sale fortalecida de una intervención extranjera.
Los  desaciertos  de  un  gobierno  democrático  se resuelven  por  vía democrática,  la  cual  será  tanto  más consistente  cuanto  menor  sea  la interferencia  externa. El gobierno  de  la  Revolución  bolivariana  es democráticamente  legítimo. A lo largo de muchas elecciones durante los últimos veinte años, nunca ha dado señales de no  respetar los resultados electorales. Ha perdido algunas elecciones y puede perder la próxima, y solo sería criticable si no respetara los resultados.
Pero no se puede negar que el presidente  Maduro  tiene legitimidad  constitucional  para  convocar  la Asamblea Constituyente.  Por  supuesto  que  los  venezolanos (incluyendo muchos chavistas críticos) pueden legítimamente cuestionar su oportunidad, sobre todo teniendo en  cuenta que  disponen  de  la Constitución de 1999, promovida por el presidente Chávez, y disponen de medios democráticos para manifestar ese cuestionamiento el próximo domingo. Pero nada de eso justifica  el  clima insurreccional  que  la  oposición  ha  radicalizado  en  las últimas semanas y cuyo objetivo no es corregir los errores de la Revolución  bolivariana, sino ponerle fin, imponer las recetas neoliberales (como está sucediendo en Brasil y Argentina) con todo lo que eso significará para las mayorías pobres de Venezuela.
Lo que debe preocupar a los demócratas, aunque esto no preocupa a los medios globales que ya han tomado partido por  la  oposición,  es  la  forma  en  que  están  siendo seleccionados  los candidatos. Si, como se sospecha, los aparatos burocráticos del partido de Gobierno han secuestrado el impulso participativo de las clases populares, el objetivo  de  la  Asamblea  Constituyente  de  ampliar democráticamente  la fuerza política de la base social de apoyo a la revolución se habrá frustrado.
Para comprender por qué probablemente no habrá salida no violenta a la  crisis  de  Venezuela,  conviene  saber  lo  que está  en  juego  en  el  plano geoestratégico global. Lo  que está en juego son las  mayores reservas de petróleo  del mundo  existentes  en  Venezuela.  Para  el  dominio  global de Estados Unidos es crucial mantener el control de las reservas de petróleo del mundo.  Cualquier país,  por democrático  que  sea,  que  tenga  este  recurso estratégico y no lo haga accesible a las multinacionales petroleras, en su mayoría norteamericanas, se pone en el punto de mira de una intervención imperial.
La  amenaza  a  la  seguridad  nacional,  de  la  que  hablan los presidentes de Estados Unidos, no está solamente en el acceso al petróleo, sino  sobre todo  en el hecho  de que  el comercio mundial del petróleo se denomina  en  dólares estadounidenses,  el  verdadero  núcleo  del  poder  de Estados Unidos, ya que ningún otro país tiene el privilegio de imprimir los billetes  que  considere  sin  que  esto afecte significativamente  su  valor monetario.
Por  esta  razón  Irak  fue  invadido  y  Oriente  Medio  y Libia arrasados (en este último caso, con la complicidad activa de la Francia de Sarkozy). Por el mismo motivo, hubo injerencia, hoy documentada, en la crisis brasileña, pues la explotación de los yacimientos petrolíferos presal estaba en manos de los brasileños. Por la misma razón, Irán volvió a estar en peligro. De igual modo, la Revolución bolivariana tiene que caer sin haber tenido la oportunidad de corregir democráticamente los graves errores que sus dirigentes cometieron en los últimos años.
Sin injerencia externa, estoy seguro de que Venezuela sabría encontrar  una solución no violenta y democrática. Desgraciadamente, lo que está en curso es usar todos los medios disponibles para poner a los pobres en contra del chavismo, la base social de la Revolución bolivariana y los que más se beneficiaron  de  ella.  Y,  en  concomitancia, provocar  una  ruptura  en  las  Fuerzas Armadas y un consecuente golpe militar que deponga a Maduro. La política exterior de Europa (si se puede hablar de tal) podría constituir una fuerza moderadora si, entre tanto, no hubiera perdido el alma.

*Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.